Así lo hizo saber Fausto Cobo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, quien anunció que el capital irá destinado a la restructuración del sector en los próximos cuatros.
El dinero servirá para ejecutar proyectos a corto, mediano y largo plazo, precisó el funcionario en rueda de prensa tras admitir que la situación del sistema penitenciario del país es ‘precaria, caótica, peligrosa y anárquica’.
Al respecto, señaló que los recursos asignados permitirán atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano.
Igualmente, afirmó que entre las acciones emergentes constan la aplicación, de manera
inmediata, del trámite de beneficios penitenciarios para reducir el hacinamiento en las prisiones y mejorar la clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con
los niveles de seguridad.
El plan de restructuración también contempla la readecuación y la redistribución de la actual infraestructura de los Centros de Privación de Libertad, a fin de garantizar condiciones dignas de habitabilidad.
Con esa meta, el ejecutivo dispondrá la construcción de nuevos pabellones, donde sea posible, así como la restructuración de los pabellones de máxima seguridad y promoverá un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército y las Fuerzas Armadas, para mediante el servicio militar voluntario, elegir personal destinado al Cuerpo de Agentes Penitenciarios.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que la decisión se tomó luego de la reunión de Consejo de Seguridad Pública.
Mientras, la secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, ratificó que en ese proceso se vigilará el respeto de los derechos de los reclusos, con prioridad en la seguridad en los centros carcelarios.
El pasado 22 de julio, el presidente de la república, Guillermo Lasso, declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario, como medida para restablecer el orden tras motines registrados en dos cárceles del país, que culminaron con la muerte de 22 reos, más de 50 heridos, algunos de ellos agentes del orden y una oficial de policía abusada sexualmente.
Cinco meses antes, en febrero de este año, enfrentamientos en varios penales dejaron un saldo de 80 fallecidos.
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