El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre esos hechos nos permite tales pasos contra aquellas personas que pretendieron acallarnos, añadió la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa (CSTPB).
La represión contra comunicadores procedió no solo de autoridades, sino también de civiles que asumieron atribuciones oficiales, explicó el ejecutivo de esa organización Héctor Aguilar, citado por la Agencia Boliviana de Información.
Según el líder periodístico, algunas de esas personas visitaron de forma ilegal las viviendas de trabajadores de la prensa para presionarlos cuando no compartían su misma posición política, atenidos a que estos ‘solo tienen la misión de informar’.
La CSTPB, que denunció en su momento esas agresiones, admitió recibir con beneplácito las recomendaciones de la GIEI respecto a la libertad de expresión, información y de prensa en el país, ‘porque son los pilares fundamentales de la vida democrática’.
El organismo, que tratará el tema en un encuentro con dirigentes del gremio, recordó que hubo muchas restricciones durante el gobierno de facto ‘y una persecución a nuestros colegas, que diariamente informaban sobre los sucesos que ocurrían’.
Las investigaciones del GIEI-Bolivia revelaron actos violentos contra 58 periodistas e incluyeron un reporte de la Asociación Nacional de la Prensa que registró agresiones contra 76 reporteros y 14 medios durante octubre y noviembre de 2019.
El informe de los expertos recomienda reforzar las garantías institucionales y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística y prevenir atentados contra personas, bienes y edificaciones de los medios.
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