La compañía representa en en país al laboratorio indio Bharat Biotech, fabricante de Covaxin, que negoció una transacción millonaria con el Ministerio de Salud y es blanco de la investigación.
Covaxin fue la vacuna más cara negociada por el Gobierno y entró en la mira de la Policía Federal y de la CPI después que Luis Ricardo Miranda, jefe de la División de Importación del Departamento de Logística de la cartera de Sanidad, denunciara que estaba siendo presionado para liberar la importación.
El funcionario es hermano del diputado federal Luis Miranda y ambos señalaron que comunicaron al presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades y presiones sufridas para la compra de Covaxin.
La audiencia de Maximiano fue solicitada por el senador Alessandro Vieira. La declaración se pospuso cuatro veces. Un primer intento de escucharle se programó para el 23 de junio, pero sus abogados informaron el día anterior de que estaba en cuarentena, tras regresar de la India.
Más tarde se reprogramó la cita para el 1 de julio, pero se aplazó porque en la jornada anterior obtuvo un habeas corpus del Supremo Tribunal Federal que le concedía el derecho a guardar silencio para no incriminarse.
Tal decisión se convirtió más tarde en costumbre entre los declarantes en la CPI y una parte de ellos se acogió efectivamente a ese derecho.
Maximiano también testificaría el 14 de julio, junto con la directora técnica de la empresa, Emanuela Medrades, pero el mando de la comisión decidió que no sería posible escuchar a ambos el mismo día.
Otra cita estaba prevista para el 4 de agosto, justo después del receso parlamentario, pero el empresario pidió un cambio de fecha porque estaba de nuevo en la India.
Se embarcó hacia esa nación antes de ser notificado por la junta, que decidió no tomar ninguna medida. La dirección de la CPI llegó a valorar la demanda de detención, pero desistió de la idea.
Los hermanos Miranda denunciaron presiones internas en el ministerio para liberar la adquisición de Covaxin, aún con errores verificados en la orden de pago.
Según los parientes, Regina Célia fue la fiscal del contrato con Bharat Biotech.
Revelaron que la factura generada por la compra traía menos dosis de las acordadas, la determinación del pago anticipado y el nombre de una empresa intermediaria que no estaba en el contrato.
La CPI fue creada para investigar el desempeño del Poder Ejecutivo ante la Covid-19 que hasta la fecha cobró 571 mil 662 vidas perdidas y 20 millones 457 mil 897 contagios.
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