De acuerdo con el documento, tal entidad es considerada un Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), y tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Gobierno, proponer su perfeccionamiento, además de contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad.
Por ello, la normativa remarcó la extinción del Instituto Cubano de Radio y Televisión como OACE.
El Decreto-Ley entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta.
El Consejo de Ministros es responsable de, en los 30 días posteriores a la fecha de hoy, establecer las funciones específicas, estructura y composición del Instituto de Información y Comunicación Social.
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