Los procedimientos se realizaron en inmuebles en las ciudades de Quito y Guayaquil, según precisó la instancia a cargo, a fin de recopilar elementos que puedan aportar al proceso instaurado luego de las denuncias contra la integrante de la Asamblea Nacional por el supuesto delito de concusión.
Entre los inmuebles revisados esta jornada estuvo la oficina de Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y recientemente fue expulsada de su partido, Izquierda Democrática.
La indagación partió de una denuncia presentada en la Fiscalía por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del órgano legislativo, Fernando Villavicencio, en la cual consta información proporcionada por ciudadanos, que evidenciarían pagos irregulares a cambio de cargos públicos.
A la par, los datos fueron presentados a la titular del parlamento unicameral, Guadalupe Llori, y son analizados por su Comité de Etica.
Una segunda denuncia fue entregada por la bancada de la Unión por la Esperanza, con otras evidencias del posible delito.
En medio de la indagación el pasado miércoles la jefa de despacho de Jiménez, Carmen Zambrano, presentó su renuncia irrevocable, después de ser acusada, junto a otros asesores, de abuso de confianza por la procesada.
Anteriormente también dimitió José Alvarado, primer asesor de la legisladora, pues las acusaciones en su contra ‘son hechos que pueden no solo dañar su imagen, sino la de su equipo de trabajo’.
Por su lado, la asambleísta rechazó las denuncias y advirtió que sus detractores deberán responder ante la justicia.
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