En un comunicado el Clajud, en su labor de observación de los procesos democráticos y de funcionamiento de los sistemas de justicia en la región, resaltó su preocupación por la situación del excandidato presidencial, tras una resolución que lo deja fuera de la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
‘El dictamen del Primer Tribunal Electoral Metropolitano, además de contrariar una decisión de la justicia, trae el grave efecto de comprometer la posibilidad de participación de Enríquez-Ominami como candidato en los comicios por la Presidencia, sostuvo el Consejo.
Asimismo, ese brazo jurídico del Grupo de Puebla recordó que en diciembre de 2020 manifestó públicamente su rechazo a la decisión adoptada por el sistema de justicia chileno, que suspendió al exdiputado el derecho al sufragio en el histórico Proceso Constituyente.
‘Como defensores férreos de la presunción de inocencia y de las garantías del justo proceso, repudiamos cualquier intento de recortar el derecho a la participación política de cualquier persona antes de que se agoten los recursos ante la justicia, lo que significa fundamentalmente respetar los derecho de una sociedad elegir libremente sus preferencias en la representación política’, subrayó el comunicado.
El texto lleva la rubrica de importantes juristas y abogados como Aloizio Mercadante (Brasil), Baltazar Garzón (España) y Alfredo Beltrán Sierra (Colombia).
La víspera, el Grupo de Puebla también difundió otro comunicado, en el cual rechazó la reciente resolución contra Enríquez-Ominami, que calificó de injusta, y precisó que la entidad acogió una impugnación interpuesta por fuerzas de la ultraderecha pinochetista (seguidores del fallecido dictador Augusto Pinochet), que buscan excluirlo de los comicios.
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