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Bolsonaro pidió a camioneros que liberen vías cerradas en Brasil

Brasilia, 9 sep (Prensa Latina) El presidente Jair Bolsonaro pidió hoy a los camioneros que abran vías bloqueadas en diferentes puntos de Brasil, como protesta contra los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF).
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Obedeciendo a sus patrones (empresarios del agronegocio), los transportistas cerraron carreteras en al menos 16 estados y en esta capital intentaron acercarse a las sedes del Congreso y del STF.

El Ministerio de Infraestructura indicó que no hay más puntos de interdicción de carriles en la red de autopistas federales.

Según el portal de noticias G1, los bloqueos continúan incluso después que Bolsonaro grabara un audio pidiendo a los camioneros que liberen las carreteras.

El exmilitar señaló en la grabación que la acción ‘perturba la economía’ y ‘perjudica a todos, especialmente a los más pobres’.

Tal acción de los transportistas comenzó 7 de septiembre, Día de la Independencia, cuando Bolsonaro encabezó manifestaciones en Brasilia y Sao Paulo para hablar en nombre de la libertad, pero en tono golpista amenazó nuevamente al Supremo y ministros que autorizaron una investigación contra su persona por la difusión de noticias falsas.

Después de las protestas en la jornada de fiesta nacional, el mundo político y judicial brasileño repudió los radicales discursos del jefe de Estado.

El presidente del STF, Luiz Fux, criticó las arengas de Bolsonaro y advirtió que nadie cerrará la corte superior.

Recordó que en carteles y eslóganes en las manifestaciones progubernamentales del martes se dirigieron duras diatribas contra el Supremo y sus magistrados, muchas de las cuales las hacía el mandatario.

‘Ofender el honor de los ministros, incitar a la población a tener odio hacia el STF, fomentar el incumplimiento de las decisiones judiciales son prácticas antidemocráticas, ilícitas e intolerables’, señaló.

Alegó que ‘si el desacato a las decisiones judiciales ocurre por iniciativa del jefe de cualquiera de los poderes, esta actitud, además de representar un ataque a la democracia, configura un delito de responsabilidad, que deberá ser examinado por el Congreso Nacional’.

jcm/ocs

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