La corte superior reanudó este jueves el juicio que fija los puntos de referencia para resolver las disputas sobre la cuestión, pero aún no ha concluido el debate que se reanudará el próximo miércoles.
Tras el voto de Fachin, el magistrado Kassio Nunes Marques comenzó a leer el suyo y, antes de la conclusión, la sesión fue cerrada por el presidente del STF, Luiz Fux, quien fijó la continuidad del análisis para la semana venidera.
Relator del proceso que examina el tema, Fachin presentó su voto en junio, cuando el caso aún se encontraba en juicio virtual.
Pero, gracias a una petición del también juez Alexandre de Moraes, del Supremo, la discusión se llevó a las sesiones presenciales del tribunal, que desde el 26 de agosto juzga el asunto.
Para Fachin, la Constitución garantiza a los indígenas el derecho a las tierras que tradicionalmente ocuparon y por ello este derecho no puede restringirse solo a quienes se encontraban en las zonas en el momento de su promulgación en octubre de 1988, como defienden las entidades del agronegocio.
En su voto, el magistrado reconoció ‘la complejidad de la situación de la tierra en Brasil’, pero argumentó que cualquier expropiación de terrenos debido a las nuevas demarcaciones debería ser compensada con una indemnización por las mejoras y, en su caso, con prioridad en los programas de asentamiento del Gobierno federal.
Hasta el momento el pleno del STF escuchó 39 alegatos orales de los interesados en el contenido y de las partes del caso.
El marco temporal llegó al Supremo a través de una demanda de recuperación presentada por el gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo Xokleng, en relación con la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, donde también viven nativos guaraníes y kaingang.
Desde 2017, el Estado invoca la tesis del criterio transitorio para reclamar el territorio.
Representantes de organizaciones y comunidades aborígenes afirmaron el 1 de septiembre en la corte que ese hito resulta inconstitucional y, por lo tanto, no puede ser utilizado para demarcar tierras.
Rafael Modesto dos Santos, representante de la etnia Xokleng, implicada en el litigio, denunció que actualmente ‘existe un escenario de inseguridad jurídica y violencia contra los indígenas’ y el marco ‘legalizaría actos ilegales cometidos antes de 1988’.
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