La postura de la fuerza progresista responde al informe entregado esta jornada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en el que recomienda a la presidenta del órgano legislativo fijar la fecha para evaluar el proceso contra Carrión por presunto incumplimiento de funciones.
El texto del equipo parlamentario quedó aprobado por seis de los nueve miembros, tras analizar las pruebas de cargo y descargo, testimonios, videos y documentos recibidos para el caso.
De toda la mesa, solo los tres legisladores de UNES mostraron desacuerdo con la propuesta de llevar el juicio político al pleno, para lo cual la presidenta de la institución, Guadalupe Llori, deberá fijar una fecha en un máximo de cinco días.
‘Antes que las pretensiones políticas está el ordenamiento jurídico, el respeto a la ley, el respeto al debido proceso’, aseguró en rueda de prensa Pabel Muñoz, junto a los integrantes de la bancada.
Según expuso, es insólito, que el día anterior, en conversaciones de pasillo, algunos asambleístas de otras bancadas respaldaban la inexistencia de causales para el enjuiciamiento y al día siguiente encontraron el argumento.
‘Nosotros jamás nos vamos a prestar para persecución a nadie. hemos sido absolutamente claros: en el estado de derechos se debe respetar presunción de inocencia y el debido proceso, para todos’, recalcó.
En ese sentido, ratificaron que en el debate en el pleno, los integrantes de UNES se abstendrán de votar, como lo hicieron sus compañeros de bancada en la mesa de Fiscalización, Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina.
Las motivaciones para enjuiciar políticamente a Carrión son la de violar el toque de queda establecido en mayo pasado para asistir al domicilio del exministro de Salud Pública Mauro Falconí, donde presuntamente cometió abuso sexual y mal uso de bienes públicos como autos oficiales.
Además de UNES, varios juristas y analistas como Augusto Tandazo consideran que lo actuado en el juicio político en contra del defensor del Pueblo viola la Constitución y la Ley Orgánica del la Defensoría del Pueblo, y es nulo, porque no tiene la motivación que exige la Constitución de la República.
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