Diego Acosta, vocero de INC, que representa a quienes están en la primera línea de trabajo en el campo, reivindicó la defensa del rol institucional y su incidencia respecto a la estructura agraria en el país.
Denunció que los distintos proyectos que se impulsan desde el Poder Ejecutivo, representando los intereses de los grandes grupos empresariales del agro negocio, buscan debilitar la agroecología y al INC, donde el Estado es un actor principal en el mercado de tierras y en un acceso más democrático.
El funcionario señaló que además de quitarle fondos al INC en la Rendición de Cuentas presupuestal en el parlamento, la coalición gobernante de partidos de derecha abriga el propósito de la venta de fracciones para que los colonos pasen a ser propietarios.
Opinó al respecto que con la propiedad privada se vuelve ‘a la lógica del capital y a los procesos de concentración y desaparición de los pequeños y medianos productores familiares’.
El caso del Instituto es único en América porque el Estado mantiene la propiedad de la tierra y entrega lote bajo una concesión de arrendamiento y con esa renta a lo largo del tiempo recupera la inversión y si esa familia deja el lote se le puede adjudicar a otra que necesite.
Pero la Ley de Urgente Consideración (LUC) incluye dos artículos nocivos para la gremial, los cuales desafectan fracciones del INC y permite a los colonos ni trabajar ni residir en el área transferida, con lo que habilita propiedades a quienes carecen de perfil rural para la colonización.
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