En declaraciones a la prensa, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, señaló que ahora corresponde a la autoridad judicial tramitar la extradición y a través de la cancillería completar el procedimiento con el envío de los documentos al país norteño.
Según confirmó, en estas dos mil hojas se manifiesta la calidad de la denuncia y los delitos por los cuales se investiga a Murillo en Bolivia.
El exministro de Gobierno de Jeanine Áñez y otros implicados están acusados de una compra de armamento no letal con 2,3 millones de dólares de sobreprecio enmarcados en el conocido caso Gases Lacrimógenos y acusado de lavado de dinero y soborno.
La operación involucró a una empresa intermediaria y el dinero fue enviado a cuentas en Estados Unidos, razón por la cual en ese país se le abrió una investigación por lavado de dinero y se concretó su detención.
A Murillo se le reclama en Bolivia por su responsabilidad en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019, la extradición del narcotraficante brasileño Jesús Lima Lobo, el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras, y también sus vínculos con el escándalo de adquisición a sobreprecio en el caso de los respiradores españoles.
Al frente de la cartera de Gobierno, este y otros altos funcionarios de la administración golpista estuvieron directamente relacionados con los continuos actos de represión que dejaron decenas de muertos, así como cientos de heridos y detenidos.
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