Medios de prensa mexicanos recuerdan que en agosto el canciller Marcelo Ebrard presentó una demanda civil de daños en el vecino país para que las empresas demandadas compensen al gobierno por los daños causados.
Sin embargo, hace 10 días el juez F. Dennis Saylor, de Massachusetts, aceptó una petición en la que los abogados de las compañías denunciadas solicitaron que los próximos movimientos puedan llevarse a cabo de manera conjunta.
Los demandados notificados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte.
Por facilismo o mala praxis en favor de los demandados, o aligerar cargas de trabajo, la Corte de Massachusetts propuso una serie de fechas para que presenten sus argumentos de defensa de los cargos que ha hecho México en su contra.
Mientras México puede oponerse a esas disposiciones hasta el 31 de enero de 2022, los armamentistas pueden volver a presentar una ‘réplica conjunta’ hasta el 28 de febrero del propio año. Sin embargo, la Corte asegura que los acusados también estñan facultados para presentar escritos individuales durante el juicio.
Las empresas demandadas por México son Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manufacturing Company LLC, Glock, Inc., Sturm, Ruger & Co., Inc., Century International Arms, Inc., and Witmer Public Safety Group, Inc.
México las demanda por prácticas negligentes en el país que han causado mucho daño y aumentado la violencia criminal al mantener el rearmamento de las bandas del crimen organizado.
El gobierno las presentó ante un juez federal en Estados Unidos, revelando sus operaciones en la bolsa, los nombres de sus filiales y quienes serán los abogados defensores durante el proceso judicial.
Tal es el caso de Smith & Wesson Brands, Inc cuyos dueños declararon que poseen dos subsidiarias Smith & Wesson, Inc. y la Compañía Smith & Wesson Sales Company.
La demanda del gobierno mexicano asegura que esta demanda pretende poner fin al daño masivo que los armamentistas causan al facilitar el tráfico ilícito de sus armas a los cárteles de la droga y otros delincuentes en México.
México demostró que más del 70 por ciento de los asesinatos y masacres cometidas en el país han sido ejecutados con armas procedentes de esas 11 empresas.
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