La garantía de derechos en Paraguay es prácticamente inexistente, según palabras de Magdalena López, coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre ese país en la Universidad de Buenos Aires.
‘La desigualdad y la exclusión social -añadió la investigadora al periódico Tiempo- son la contracara de un sistema que privilegia a un sector muy pequeño de empresarios y funcionarios que solapan y superponen sus intereses’.
Estudiosos como el también bonaerense Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, afirman que en Paraguay se vive ‘un clima de terrorismo de Estado enmascarado en una seudodemocracia’.
Recientes informes sobre derechos humanos insisten en violaciones como represión, persecuciones a organizaciones populares, torturas y desconocimiento de oportunidades para sectores como el infantil, el femenino, el LGBTI y el indígena.
Las autoridades ignoran en sus políticas públicas derechos como la posesión de territorios de los pueblos originarios, grupo étnico que expertos estiman como el menos numeroso de todos los Estados latinoamericanos (unos 115 mil indígenas).
El Comité de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU denunció los asesinatos en septiembre pasado de dos niñas argentinas por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un choque con guerrilleros del Ejército del Pueblo paraguayo.
FIEBRE HISTRIÓNICA
Pero la fiebre histriónica de justiciero de Abdo Benítez sobre esos derechos prevalece y tomó forma este septiembre en la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) mediante un ataque contra Venezuela.
‘Mi presencia en esta cumbre, en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro’, expresó en franco alineamiento con su partenaire uruguayo Luis Lacalle contra Caracas.
A lo que el líder venezolano respondió con una especie de reto a ambos: ‘áPonga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina!’.
La embestida del mandatario de 46 años, animado por esa suerte de tradición demagógica de ciertos gobernantes nacionales y regionales contra Estados soberanos, no solo mostró al habitual orador de apariencia pulcra y benefactora de sus discursos domésticos.
Los líderes del organismo regional presenciaron también a un presunto ‘experto regional’ impartiendo lecciones cuando todos saben que, en verdad, tiene poco que enseñar.
Algunos rememoraron, quizás, las tradicionales interrogantes sobre la relación del gobernante por el Partido Colorado con la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner durante la segunda mitad del siglo XX (1954-1989), una de las más longevas del mundo.
Al escuchar sus palabras, puede que esos líderes recordaran que Mario Abdo, el padre del actual presidente, fue secretario privado del dictador y, cuando este murió en 2006, propuso que la Junta de Gobierno del Partido Colorado le rindiera un homenaje.
El propio Abdo Benítez declaró en su momento que Stroessner ‘hizo mucho por el país’, aunque negó, sin dudas a contrapelo de dar una opinión real, su filiación con violaciones de derechos humanos, torturas y persecuciones de aquel régimen.
ECO DE OTRO ESCÁNDALO
Unos 10 días después de sus diatribas contra Caracas, Abdo sufrió el eco de otro escándalo histórico, una controvertida sentencia contra tres presuntos culpables del opositor Partido Liberal por un incendio en 2017 en el edificio del Congreso.
Aunque el hecho fue durante el anterior gobierno (Horacio Cartes, 2013-2018), la justicia oficial se vio ahora cuestionada por el anuncio de penas de tres años de cárcel contra los dirigentes de esa organización Stiben Patrón, Roberto Rojas y Nelly Cortesi.
El juicio por el fuego en el Congreso resultó ‘un circo jurídico’, aseguró Patrón, mientras Rojas recalcó que la condena divulgada el 21 de septiembre fue ‘contra el acto de protestar’. ‘No te manifiestes -afirmó- porque eso va a perturbar la paz pública’.
Pero la paz -subrayó Rojas- quienes la perturbaron fueron los 25 senadores que violaron la ley para imponer una enmienda que favorecía la segunda reelección del entonces presidente Cartes.
Abdo tampoco mostró allí su título estadounidense sobre comercio, ni su grado de subteniente de la reserva, aunque el primero sirviera para explicar qué pasó con los 520 millones de dólares destinados a la Covid-19, y, el segundo, para precisar cómo reprimió las protestas.
MANIFESTACIONES POPULARES
Las manifestaciones populares iniciadas el 5 de marzo, que involucraron por esa y otras demandas a los sectores de Salud, docente, campesino, agropecuario, transporte y protección del ambiente, estuvieron a punto de sacar al gobierno del poder.
Surgidas ante el colapso total de entonces en las instalaciones de Salud y el déficit de productos y equipos médicos, las protestas acabaron pidiendo la renuncia del gobierno por el desvío de esos recursos y otros actos de corrupción.
Y el presidente respondió con varias remociones: la del ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el de Educación, Eduardo Petta; el de Gabinete, Juan Villamayor; de la Mujer, Nilda Romero; y del jefe de la Policía, Francisco Resquín.
Las protestas, que cifras oficiales limitaron a solo un muerto, 20 heridos y 100 detenidos, cobraron el nombre de ‘Marzo paraguayo de 2021’, como continuidad de las de 1999 con el asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña.
Algunas fuentes asociaron el enfriamiento de las protestas al incremento de las cuarentenas, en un país que mostró al principio un asombroso control de la Covid-19, refrendado por la OMS, y luego vio dislocarse sus protocolos sanitarios.
Algo así como ‘miedo a enfermarse, más que temor al gobierno’, como especuló un representante de las protestas, que emigraron desde entonces hacia espacios más pacíficos en las redes sociales.
Pero el fuego de las manifestaciones, las mayores desde la crisis política de 2017, insuflaron fuerza a una demanda inicial de juicio político y/o renuncia del presidente, impulsada por la oposición esta vez en el Congreso.
Las acusaciones de diputados y senadores fluctuaban entre ‘corrupción’, ‘mal desempeño’ e ‘ineptitud’ oficial en el manejo de la pandemia, compra tardía de vacunas y negocios fraudulentos con los insumos, junto a la falta de medicamentos.
Abdo fue virtualmente salvado de ese proceso legal en la Cámara de Diputados el 17 de marzo por las bancadas del partido Colorado, por segunda ocasión durante su mandato, tras una anterior en agosto de 2019, acusado de mal desempeño en sus funciones.
Los paraguayos apreciaron entonces cómo el propio expresidente y correligionario Cartes respaldaba a Abdo en el Congreso para mantenerlo en el cargo, pese a las protestas, la represión y la decadente imagen política que persigue al mandatario.
arb/apb
(*) Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina
