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Más de 20 docentes guatemaltecos activos pese a condenas sexuales

Guatemala, 29 sep (Prensa Latina) Más de 20 docentes guatemaltecos condenados por delitos sexuales siguen hoy en sus puestos, sin que el Ministerio de Educación les dé baja debido a la burocracia legal.

La denuncia vino de la diputada Ligia Hernández, de la bancada Semilla, quien alertó que actualmente la Cartera tiene activos a 40 maestros que aparecen en el Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) y fueron condenados.

Ante los señalamientos, el asesor legal Rafael Tol, explicó que, de esos casos ya dieron baja a 19 porque huyeron de las comunidades donde trabajaban.

Para los 21 restantes esperan que la sentencia esté en firme para proceder, además de concluir el proceso administrativo y pedir autorización a la Procuraduría General de la Nación para hacer efectivas las destituciones, ya que la cartera está emplazada por los juzgados laborales, precisó Tol.

El 14 de septiembre de este año, un docente resultó condenado a 27 años y ocho meses de prisión por violar a una niña de 12 años; sin embargo, sigue trabajando en la Dirección Departamental de Educación en Alta Verapaz porque la sentencia no está firme, recordó el diario Prensa Libre en una nota sobre el tema.

De acuerdo con declaraciones de la abogada Lilian Vásquez, quien ofrece asesoría a las familias de las víctimas, el maestro tiene una simbología en las comunidades de líder y referente, por eso muchas veces no se cree que sea el que también viole y lastime.

Algunos que han ido a juicio presentan sus contratos en el Ministerio como prueba de que no se darán a la fuga para evitar ir a la cárcel, pero aprovechan esta circunstancia para escapar, aseguró.

El legítimo derecho a que los procesos sean vencidos, primero con la aplicación del reglamento disciplinario interno y después con la certeza de la sentencia en firme, favorece que muchos violadores queden sin castigo.

En muchos casos, el hecho de no existir denuncias en las direcciones departamentales ni en Recursos Humanos impide tomar sanciones.

A juicio de Hernández, la normativa actual se ha convertido en un mecanismo de impunidad para favorecer a los abusadores y no en un instrumento de protección a las niñas, quienes no ven más salida que la deserción escolar.

En todo el país, el departamento de Alta Verapaz registra la mayor cantidad de denuncias contra maestros.

jha/mmc

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