Según los datos, la cifra de heridos también subió a 79 en la prisión, donde efectivos realizaron labores de requisa e intervención para intentar recuperar el control de la instalación.
Durante esta jornada, las revisiones al interior del centro de rehabilitación social más violento del país incluyeron a cerca de 900 uniformados, quienes contaron con el apoyo de militares para garantizar la seguridad externa.
Los incidentes ocurrieron el martes de esta semana y desde entonces no paran las operaciones en busca de cadáveres y productos prohibidos en los penales como armas blancas y de fuego, teléfonos celulares y drogas, entre otros.
Aunque el gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, aseguró que ya se retomó el control de la penitenciaría, aún hay espacios pendientes de recuperar por completo.
Mientras, afuera del Litoral, familiares de los reclusos realizan vigilias y demandan a las autoridades listados o información sobre los fallecidos y lesionados.
Muchos desconocen si sus parientes están entre los reos sanos o son parte de las víctimas.
Las autoridades definieron un punto en el Parque Samanes para ofrecer datos de la situación, pero muchos se quejan de que son mínimos los detalles recibidos.
Las acciones forman parte de las medidas adoptadas en medio del estado de excepción en el sistema carcelario, decretado por el presidente de la república, Guillermo Lasso.
En las labores participan equipos del Grupo de Intervención y Rescate, el de Operaciones Especiales, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, la Unidad de Mantenimiento del Orden y Criminalística.
Organismos nacionales e internacionales exigieron al Ejecutivo devolver el orden al penal y resolver los problemas en toda la red de cárceles de esta nación andina.
La Defensoría del Pueblo es una de las instancias que expresó preocupación por el panorama y solidaridad con las familias de los afectados y la población penal, de manera general.
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