El pasado martes 28 de septiembre, el centro de rehabilitación social, ubicado en la ciudad portuaria de Guayaquil, fue escenario de un enfrentamiento entre bandas rivales, que involucró a reos de varios pabellones.
El incidente violento, que duró varias horas y derivó en 118 muertos y 79 heridos, mostró la fragilidad del sector, donde, a juicio de muchos, reina la falta de institucionalidad.
La reyerta con armas blancas, de fuego y explosivos fue la tercera de gran magnitud este año y la segunda en cuatro meses de gestión del nuevo gobierno dirigido por el presidente de la república, Guillermo Lasso.
En febrero último, en las postrimerías de la presidencia de Lenín Moreno, disturbios en varias cárceles, con diferencia de horas, dejaron 79 fallecidos , mientras que en julio, en una situación similar hubo 27 decesos.
Datos oficiales dan cuenta de al menos 230 asesinatos dentro de los penales de Ecuador en lo que va del año.
El caso más reciente ocurrió en medio del estado de emergencia declarado por el jefe de estado por los sucesos de julio.
Tras la matanza el sistema pasó a estado de excepción, lo cual permite la intervención de las fuerzas necesarias, acciones coordinadas entre varias instituciones y el desembolso de recursos financieros para paliar la situación.
De acuerdo con los postulados de las autoridades nacionales, las rivalidades entre bandas por el control de las prisiones es la principal razón de la violencia al interior de esas instalaciones.
Asimismo sostienen que el reforzamiento en el combate contra el narcotráfico y los sucesivos golpes a redes delincuenciales también están relacionadas con el aumento de los conflictos.
Sin embargo, analistas, exfuncionarios de esos centros de privación de libertad y legisladores mencionan otras causas, como el hacinamiento y las malas condiciones en la infraestructura.
Al respecto, datos ofrecidos por Fausto Cobo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador, revelaron que hasta hace dos meses, las cárceles albergaban a alrededor de 40 mil reos.
Con una capacidad para acoger a 29 mil 897 reclusos y una superpoblación de más de ocho mil 800, el exceso representaba un 30 por ciento por encima de la capacidad de esas instituciones.
Otro señalamiento es la falta de institucionalidad y de programas de rehabilitación social, sobre lo cual también se han pronunciado expertos y legisladores, a raíz del análisis de la reciente matanza en El Litoral.
‘Esta crisis en parte se deriva del atroz desmantelamiento institucional que puso en marcha el gobierno anterior. Eliminaron el modelo de gestión penitenciario y desaparecieron instituciones como el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Escuela de Guías Penitenciarios’, afirmó la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES).
‘No podemos ser indiferentes ante la crisis carcelaria. Que las familias de quienes padecen en la Penitenciaría del Litoral encuentren paz y que el Estado asuma el desafío de recuperar la tranquilidad del país y sus ciudadanos’, señaló de su lado la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
Desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador, el llamado al gobierno nacional es a realizar una investigación exhaustiva y expedita de los acontecimientos suscitados, para dar con los responsables directos y dilucidar como ingresan a los penales sustancias y objetos prohibidos.
Dotar de recursos materiales y personal técnico especializado suficiente al sistema nacional de rehabilitación social, a fin de superar o al menos aminorar las graves condiciones en las que se desenvuelven los distintos centros carcelarios del país, es otro pedido al estado.
A nivel internacional, múltiples entes siguen con preocupación el tema y también llaman a actuar para solucionarlo.
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