La filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración de los medios chilenos Ciper y LaBot, demostró irregularidades en la compraventa del proyecto minero Dominga en 2010, pocos meses después de que Piñera asumiera el poder para un primer mandato.
Según los documentos, el presidente y su familia eran los principales accionistas de ese proyecto, pero vendieron las acciones a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano con un acta firmada aquí por 14 millones de dólares y otra en Islas Vírgenes por 138 millones.
El pago debía producirse en tres cuotas y la última estaba condicionada a que no se declarara una zona de protección ambiental en el área del yacimiento, como demandaban grupos ecologistas.
‘Desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia respecto a las actuaciones del Presidente, su familia o quienes lo representan en cuanto al proyecto Dominga’, declaró el diputado por el partido Demócrata Cristiano Gabriel Silber.
El legislador consideró como altamente grave que Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental a una operación económica de la cual participa.
‘No nos nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora, o incluso, analizar una acusación constitucional’, advirtió el también integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, en declaraciones publicadas por Radio Cooperativa.
Por su parte, el diputado Marcelo Díaz, del Partido Socialista, denunció que el mandatario usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso para incrementar su enorme fortuna.
‘La gravedad de esta situación amerita evaluar todas las alternativas, incluida una acusación constitucional contra el presidente’, afirmó.
Interrogado sobre el tema, el ministro vocero del Palacio de La Moneda, Jaime Bellolio, declaró que ‘todos estos hechos fueron conocidos en su momento por la Fiscalía, por los tribunales, y quedó claro que fue hecho en regla con la legislación chilena’.
Además de Piñera otros dos presidentes latinoamericanos: Guillermo Lasso, de Ecuador, y Luis Abinader, de República Dominicana, son mencionados en los Papeles de Pandora por el uso de sociedades fantasmas para no pagar impuestos.
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