Según documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, en 2010 el mandatario y su familia vendieron acciones del proyecto minero Dominga por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.
Parte de esa transacción se hizo en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y el pago debía efectuarse en tres cuotas, la última de las cuáles estaba condicionada a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.
Tras las denuncias por conflicto de interés y evasión de impuestos contra el mandatario, el jefe del bloque del Partido Socialista, Jaime Naranjo, declaró que Piñera infringió el principio de probidad establecido en la constitución y comprometió gravemente el honor de la patria.
Por su parte, el representante del Partido Comunista, Daniel Núñez, anunció que la acusación constitucional será presentada la próxima semana, con el objetivo de someterla a votación antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
La decisión fue aprobada por representantes de los partidos que conforman las bancadas de la oposición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social), y Nuevo Pacto Social (Partidos Demócrata Cristiano, Socialista, Radical y Por la Democracia).
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