El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, declaró a la prensa local que los organizadores de la medida de fuerza buscan promover la impunidad de quienes cometieron sedición, violentaron los derechos humanos y el erario público.
Las declaraciones públicas de los opositores ratifican que en 2019 no hubo sucesión constitucional sino un golpe ilícito contra la Constitución, y lo visto no necesita de mayor indagación, ‘simplemente poner sobre la mesa esos actos’ para que la justica pueda actuar, enfatizó.
En recientes declaraciones, Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz desde mayo último, divulgó en un video que su padre José Luis Camacho negoció con policías y militares participantes de la asonada.
Silva insistió en que debe hacerse justicia por los muertos, heridos y perseguidos durante el golpe, que llevó al poder a Jeanine Áñez.
‘Queremos que se cumpla la ley’, subrayó, y afirmó que la administración de justicia en su país ‘tiene hoy una prueba de fuego’, más allá de la subordinación histórica al poder, de exigir celeridad, trasparencia y objetividad.
Este miércoles, el fiscal Omar Mejillones declaró que convocarán a declarar al presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, quien en 2019 participó en las protestas contra el entonces presidente Evo Morales y denunció un supuesto fraude electoral.
Mejillones señaló que la comisión de fiscales trabaja en base a un cronograma y existe una lista de personas llamadas a declarar dentro de la etapa preparatoria de la investigación, en la cual está Pumari, apuntó.
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