Murillo, extitular de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez, es juzgado y acusado en Miami por los delitos de soborno y lavado de dinero, y en esta instancia se definirá su situación jurídica.
Ana Davide, abogada de Murillo, pidió un tiempo más para observar de mejor manera el caso, y antes el encartado tuvo contacto con su defensa en el centro de detención, de acuerdo con la fuente.
El 3 de septiembre pasado se postergó por cuarta vez la audiencia contra la exautoridad boliviana, a quien se le achaca junto a otros implicados el pago de sobornos en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal a la empresa Bravo Tactical Solutions.
La operación involucró a una empresa intermediaria y el dinero fue enviado a cuentas en Estados Unidos, razón por la cual en ese país se le abrió una investigación y se procedió a su detención.
También la Procuradoría General del Estado boliviano sigue de cerca este caso porque Murillo es uno de los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019, la extradición del narcotraficante brasileño Jesús Lima Lobo, el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras, y está vinculado al escándalo de adquisición a sobreprecio en el caso de los respiradores españoles.
Las autoridades de Bolivia ya adelantaron las gestiones ante las autoridades diplomáticas de Estados Unidos para la extradición del exministro, quien es procesado por varios casos penales, principalmente el denominado Golpe de Estado.
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