Micah Kubic, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en la Florida analizó el contenido y los efectos de la ley HB 1 de De Santis contra las protestas y que Walker en su fallo el 9 de septiembre estimó es errónea e ilegal.
El político republicano es un potencial candidato presidencial de la tolda roja para 2022, si el expresidente Donald Trump se lo permite y no sale al ruedo de las primarias de esa agrupación política.
DeSantis propuso por primera vez la HB 1 en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis y las subsiguientes concentraciones pidiendo justicia racial para las vidas de los negros. La inmensa mayoría de las protestas en Florida fueron pacíficas, comentó Kubic en un artículo de opinión publicado por el diario The Hill.
Sin embargo, el gobernador no respondió proponiendo una legislación para hacer frente a la brutalidad policial, sino con un proyecto de ley destinado a sofocar las protestas pacíficas y totalmente legales en Florida, especialmente de los negros, por lo que fue demandado por varias organizaciones.
La HB 1 intenta violar las libertades básicas al redefinir la palabra ‘disturbios’ en los estatutos de Florida.
Antes de la HB 1, para ser acusado de disturbios tres o más personas tenían que actuar con la intención común de romper la paz de manera violenta, precisó el activista de derechos humanos.
Ahora si algún infiltrado en una manifestación pacífica la hace violenta, los participantes pueden ser acusados de delito grave y parar en la cárcel, explicó.
Esta posibilidad mermaría sin duda la voluntad de muchos floridanos de ejercer su derecho a la protesta, garantizado por la Constitución, que era la idea en primer lugar. En su sentencia, Walker prevé los peligros evidentes, aseguro el denunciante.
‘Esto viola la Primera Enmienda’, sentenció Walker y agregó que lo dispuesto por el gobernante estatal también viola la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda.
‘La nueva definición de ‘disturbios’ de la HB1 no pone en conocimiento de los floridanos de inteligencia ordinaria los actos que criminaliza y fomenta una aplicación arbitraria y discriminatoria, haciendo que esta disposición sea vaga hasta el punto de ser inconstitucional’, subrayó el magistrado.
‘Su vaguedad –concluyó- permite a los que están en el poder armar su aplicación contra cualquier grupo que desee expresar cualquier mensaje que el gobierno desapruebe’.
Por su parte, el directivo de ACLU denunció, además, que el aliado de Trump al apelar la sentencia en la Corte de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en Atlanta, utiliza aún más recursos de los contribuyentes para hacerlo.
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