En conferencia de prensa, Chávez explicó que Murillo solicitó una nueva postergación por 30 días aduciendo que su nueva abogada debe familiarizarse con el caso.
Según el procurador se entiende que por procedimiento este sería el último plazo.
Chávez manifestó que ven muy limitadas las posibilidades de Murillo de asumir una defensa ante la contundencia de las pruebas, ya que los otros cuatro implicados en el mismo proceso (por lavado de dinero y sobornos) se declararon culpables y lo incriminan directamente en los hechos.
El exministro de facto renunció a su derecho a una audiencia preliminar y su acusación fue programada.
El próximo 8 de noviembre escucharemos que tipo de actitud asume con respecto a las graves acusaciones que tiene a sus espaldas, precisó el procurador.
Murillo fue el hombre fuerte de la mandataria Jeanine Áñez, y actualmente está detenido en la prisión federal de Miami, desde mayo de 2021, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.
‘En el mismo caso, conocimos que una vez que sean declarados culpables, los implicados Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld tendrán audiencia de lectura de sentencia para el venidero 13 de diciembre’, adelantó Chávez.
A todos los implicados se les achaca el pago de sobornos en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal a la empresa Bravo Tactical Solutions.
La operación involucró a una compañía intermediaria y el dinero fue enviado a cuentas en Estados Unidos, razón por la cual en ese país se les abrió una investigación judicial.
Bolivia sigue de cerca el caso, pues Murillo tiene pendientes con la justicia de su país por tener responsabilidad en las masacres perpetradas contra el pueblo en 2019 tras el golpe de Estado ejecutado contra el entonces presidente, Evo Morales.
También tiene implicaciones en otros delitos y ya las autoridades adelantaron su pedido de extradición para que responda por ellos.
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