La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad advirtió el miércoles último sobre el hostigamiento al que son sometidos la jueza de Mayor Riesgo, Érika Aifán, y su colega Pablo Xitumul, quienes podrían perder su inmunidad.
En un congreso internacional del ramo celebrado en esta capital, Aifán consideró como un gran desafío el hostigamiento constante que sufren por sus decisiones en casos de alto impacto como corruptos y violadores de los derechos humanos.
Estos ataques podrían estar estructurados, afirmó, y se realizan en momentos clave contra ciertos jueces, incluso con seguimiento por vehículos sin placas, una vieja técnica utilizada durante el Conflicto Armado Interno.
‘Es realmente lamentable que se tenga que acudir a mecanismos internacionales porque no encontramos una respuesta, un apoyo real en las instituciones de nuestro país’, denunció
Aifán recibió junto a Xitumul y Miguel Ángel Gálvez el reconocimiento de los jueces del área centroamericana por su servicio y entrega sin sucumbir a manipulaciones.
En el caso de Xitumul, quien emitió sentencias en casos de genocidio como el del dictador Efraín Ríos Montt, Dos Erres y Sepur Zarco, entre los más publicitados.
Actualmente organizaciones civiles y de derechos humanos promueven actualmente la firma de un pronunciamiento para que colectivos y personas independientes sumen su respaldo al juez indígena ante el peligro de que sea sometido a antejuicio.
El comunicado alerta sobre el proceso de regresión democrática en Guatemala para anular derechos y libertades con el fin de expulsar de las instituciones de justicia a quienes son reconocidos por su actuar honorable y apegado a la ley.
Otro tema noticioso que acaparó la atención de los medios nacionales fue la discusión del anteproyecto de presupuesto del Estado para el próximo año en la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual emitirá su dictamen a principios de noviembre, previo a su debate y aprobación por el pleno antes del 30 de noviembre.
Las audiencias públicas incluyen la presentación de necesidades de todos los ministerios en un primer momento y después de instituciones públicas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.
El gobierno de Alejandro Giammattei espera que esta propuesta logre el voto de los diputados, ya que desde su llegada al poder en enero de 2020 funciona con el plan de gastos de 2019.
En 2020, el Congreso aprobó una nueva propuesta del Ejecutivo, pero debido al rechazo generalizado de la ciudadanía, que se volcó a las calles en jornadas históricas de manifestaciones, tuvo que dar marcha atrás y engavetarlo.
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