La demanda fue parte de los temas tratados en una rueda de prensa, en la que el colectivo formado por siete agrupaciones sociales feministas, pro-migraciones y de derechos humanos hizo públicos varios cuestionamientos a la labor en el sector penitenciario.
En el evento participaron Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos; Sofía Carpio, integrante de Kaleidos–Centro de Etnografía Interdisciplinaria; Cristina Burneo, de Corredores Migratorios; Elizabeth Pino y Typhaine Léon, integrantes de Mujeres de Frente.
También estuvo Billy Navarrete, director ejecutivo de Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH-Guayaquil.
Tras explicar la situación actual de las prisiones y señalar lo que consideraron fracaso del estado para atender de manera adecuada el sector, abogaron por políticas de rehabilitación social para los privados de libertad, entre otras propuestas.
Sofía Carpio hizo referencia a un informe que recomienda militarizar las cárceles, proveer de herramientas tecnológicas a fin de mantener el control y construir más centros de ese tipo para aliviar el hacinamiento.
A su juicio, es necesario además garantizar condiciones de bienestar para los reclusos como infraestructura adecuada y buena alimentación, además de contar con suficientes guías penitenciarios.
Otros participantes advirtieron que la situación de las cárceles del país no es solo local, sino transnacional.
Asimismo, abogaron por un censo de la población carcelaria, lo cual aseguraron no existe, y pidieron además un levantamiento de información sobre el estado de los casos de cada detenido y sus clasificaciones al interior de las celdas.
La presencia de alrededor de tres mil reos extranjeros, del total de más de 39 mil reclusos en todo el sistema, así como los pocos datos sobre ellos igualmente trascendió.
Asimismo, fueron mencionados otros problemas como las personas privadas de libertad por delitos menores, en especial las mujeres, muchas de ellas revictimizadas.
El pedido generalizado fue a las instancias pertinentes como la presidencia, Fiscalía general del estado, Consejo de la Judicatura y secretaría de Derechos Humanos, para que solucionen la crisis actual y eviten situaciones graves similares a la matanza registrada el pasado mes de septiembre, que además de 119 vidas, dejó 79 heridos.
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