En entrevista con una televisora local, el titular descartó que esta medida, aún en discusión por las autoridades, afecte a los sectores populares y mucho menos al sector informal.
De ninguna manera el ‘nivel de informalidad’ existente en el país constituye objeto de sanción mediante esta futura ley, afirmó el ministro, y subrayó que la misma está dirigida contra el narcotráfico, tráfico de armas y el crimen organizado, no contra la economía informal.
Lima denunció la existencia de ‘una grave distorsión’ sobre el mencionado proyecto de ley, el cual, dijo, está ahora en discusión en la Comisión de Constitución del Senado.
Aclaró que su análisis fue suspendido para ponerlo a debate en diferentes sectores y evitar continúe deformándose.
También la viceministra boliviana de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, declaró que la mencionada normativa está a tono con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Comentó que sus principios cumplen con los estándares implementados por otros países y mencionó el ‘Sujeto Obligado’ practicado en Bolivia, México y Chile, con los mismos parámetros.
Espinoza explicó que el primer propósito del proyecto de ley es unificar las disposiciones referidas a la legitimación de las ganancias ilícitas e incorporar aspectos no recogidos en las 40 recomendaciones del Gafi.
Nosotros no estamos yendo en contra de lo que establece nuestra Constitución, enfatizó en declaraciones publicadas por la Agencia Boliviana de Información.
Este lunes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que el mes próximo Bolivia se someterá a la evaluación del Gafi y advirtió que si el país no logra la certificación será la economía la que pague ‘los platos rotos’.
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