Hay una campaña cada vez más pública para despojar a los canadienses trans de sus derechos constitucionales y humanos, por lo que contener las fobias hacia la comunidad LGBT debe una prioridad para el ejecutivo liberal, denunció Dalwood.
En un artículo publicado en la cadena CBC News, la experta alertó que la organización nacional Derechos de las Mujeres Canadienses (caWsbar, por sus siglas en inglés) lidera una campaña de desinformación para promover la segregación por sexos.
Afirman falsamente que la disposición de la Constitución sobre la igualdad solo cubre a las mujeres cisgénero, término que se le da a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.
Para llevar a la práctica estas afirmaciones, los grupos que se oponen a la diversidad sexual organizaron protestas en los últimos meses en las ciudades de Edmonton y Calgary contra los esfuerzos por defender los derechos de las mujeres transexuales.
Bajo el liderazgo de caWsbar y Nosotras las Mujeres (We the Females), también ocurrieron protestas en prisiones de todo el país -la más reciente el 18 de septiembre- contra la política del Servicio Penitenciario para ubicar a las personas trans según su identidad de género.
Estos grupos malinterpretan deliberadamente la Constitución en un esfuerzo por legitimar su asalto infundado a los derechos humanos de las personas LGBT, aclaró Dalwood y alertó que esta campaña de desinformación supone grandes riesgos.
De acuerdo con la profesora, los miembros de las minorías de género atacadas podrían no solicitar ayuda legal para que se les respeten sus derechos por el temor erróneo de que el sistema judicial canadiense no estará de su lado.
El otro peligro de esta campaña es que la discriminación aumentará en frecuencia e intensidad, porque quienes se oponen a los derechos de los transexuales creerán que su animadversión hacia este grupo es legítima, añadió.
Según la experta, ninguno de los dos riesgos es tolerable si se quiere asegurar a los transexuales su lugar pleno e igualitario en la sociedad canadiense.
El gobierno liberal podría pedir al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre cómo la carta magna y otras normas de nuestra legislación protegen los derechos de todos los canadienses a la igualdad y a no ser discriminados, concluyó la investigadora.
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