Según una investigación realizada por la Oficina de Estudios de la Asociación de Artesanos y Pequeñas Empresas Mestre (CGIA Mestre), las farmacias y otras estructuras, públicas y privadas, dedicadas a prestar ese servicio carecen de capacidad para satisfacer la demanda diaria.
Los afectados forman parte de una masa de tres millones de trabajadores, equivalentes al 13 por ciento del total de empleados del país, quienes deberán pasar el examen cada 48 horas para ingresar a sus respectivos centros laborales, en correspondencia con una medida gubernamental puesta en vigor la víspera.
La disposición aprobada por el ejecutivo obliga a los trabajadores a presentar el certificado de vacunación contra la Covid-19 o resultados negativos de la prueba PCR, norma impugnada por quienes la consideran violatoria de la libertad individual o se oponen a la inmunización por diferentes razones.
La entrada en práctica del decreto fue rechazada por manifestaciones pacíficas de protesta en varias regiones, sin alteraciones del orden como ocurrió en otras anteriores.
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