El autodenominado Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular convocó a esta manifestación contra la implementación de la Ley Bitcoin, la posibilidad de la reelección presidencial y reformas a la carrera judicial.
Además, determinados colectivos ambientalistas protestan contra ciertos aspectos del anteproyecto de ley que estudia la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho humano al agua y su gestión responsable.
En esta marcha participan grupos feministas, sindicatos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, jueces salvadoreños y ciudadanía en general.
Los organizadores denunciaron en redes sociales, con vídeos como prueba, que varios ómnibus que conducían a manifestantes a San Salvador desde otros territorios fueron bloqueados por retenes policiales.
Al menos en dos importantes vias de acceso a esta capital, la carretera de Los Chorros y la Troncal del Norte, el tráfico fue cerrado, lo cual provocó trabazones y protestas para reclamar el derecho a la libre movilidad.
Las autoridades afirman que los mencionados retenes tienen como objetivo interceptar a personas con antecedentes penales y prófugos de la justicia, y agregan que han decomisado artefactos explosivos y pólvora prohibida.
En redes sociales, el presidente Nayib Bukele comparte determinadas imágenes para deslegitimar la marcha y su nivel de convocatoria, mientras la oposición usa las etiquetas #ElDomingoMarchamos y #El17TodosMarchamos.
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