Vásquez se refirió al tema tras ser consultada por la prensa sobre el reciente anuncio de que los dos gobiernos dieron su conformidad a la designación de embajadores de un país en el otro.
Explicó que la decisión se tomó ‘por razones prácticas’ y en función de temas concretos como la coordinación de la repatriación voluntaria de migrantes venezolanos que se encuentran en Perú en condiciones de precariedad y desean volver a su país, para lo cual más de 50 mil se inscribieron en el consulado venezolano en Lima.
La decisión, dijo, se enmarca además en la política establecida por el presidente Pedro Castillo, de mantener relaciones con todos los países sin discriminaciones.
De otro lado, Vásquez respondió sobre la situación jurídica del designado embajador de Perú en Venezuela, Richard Rojas, investigado por supuesto lavado de activos en un caso que involucra al secretario general del partido gobernante, Perú Libre.
Indicó que Rojas no ha sido objeto de ninguna sentencia y si hubiera una decisión judicial, ‘seguramente se tomará en cuenta para una evaluación’.
El Ministerio Público pidió este lunes al Poder Judicial que se prohíba salir del país a Richardo Rojas durante 12 meses, a instancias de la investigación en la que ha sido incluido, sin prueba alguna, según afirma el indagado.
Por otra parte, un reduciudo grupo de elementos del opositor Partido Aprista -que no alcanzo ni el cinco por ciento de los votos, necesario para mantener su registro oficial- realizó una manifestación ante la Cancillería contra la normalización de las relaciones diplomáticas peruano-venezolanas.
De otro lado, la comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo aceptó la petición del canciller Óscar Maúrtua de presentarse a informarle sobre el retorno de los nexos al nivel de embajadores, tras cerca de cinco años de ser solo consulares.
Sin embargo, el grupo legislativo rechazó el pedido del ministro de que la comparecencia sea reservada y dejó pendiente definir la fecha de la presentación.
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