‘Nosotros queremos comunicar al pueblo boliviano que como gremiales no vamos a cerrar ningún puesto de venta, no vamos a marchar, no vamos a bloquear, más al contrario, vamos a abrir los mercados con normalidad’, declaró Juan Carlos García, ejecutivo de la Confederación.
Subrayó que personas ajenas al sector convocan para la medida de fuerza sin que se consultara a las bases ‘por lo cual no acatarán’ el llamado, dirigido a torpedear la Ley 1386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
García aseguró que este jueves abrirán los mercados con normalidad y las actividades serán normales en los nueve departamentos del país, más cuando muchos de sus afiliados se vieron afectados por la pandemia de la Covid-19 y buscan su reactivación.
El ejecutivo gremial reveló que su sector trabaja con la Presidencia y el ministerio de Economía para conocer a fondo las interioridades de esa Ley, así como en el proceso de su reglamentación ‘para estar bien claros’.
Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo Ányelo Céspedes denunció en la jornada el oportunismo político de legisladores de la oposición, quienes seis meses después de haber sido aprobada la 1386 ahora pretendan su derogación.
¿Por qué cuando estábamos en debate de la ley en la Cámara de Diputados no hacían conferencias?, ¿por qué no convocaron a los sectores?, preguntó Céspedes en referencia a acciones provocadoras de la derecha.
‘Quieren levantar y confundir al pueblo, desestabilizar al Gobierno legalmente constituido’, aseguró el diputado, y denunció que el accionar de legisladores y políticos pretende gestar un nuevo golpe de Estado.
Remarcó que la derecha quiere aprovecharse y volver a tomar el poder por la fuerza como lo hicieron en 2019, cuando a través de la violencia obligaron al entonces presidente Evo Morales a abandonar el Gobierno.
La víspera el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor Jorge Silva manifestó que la referida Ley no afecta a ninguno de los sectores que actualmente se movilizan.
Denunció que el paro es promovido por dirigentes no representativos de los sectores convocados, a los que llamó ‘de una corriente política golpista’ que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
La semana pasada el ministro boliviano de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima descartó que la norma afecte a los sectores populares y mucho menos al sector informal.
También la viceministra boliviana de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, declaró que la mencionada normativa está a tono con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
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