La organización de familiares y amigos de desaparecidos denunció que el procurador estatal Carlos Reaño planteó dejar sin efecto el seguimiento internacional al caso y revocar la exigencia al Estado peruano de encontrar sus restos y esclarecer lo que le sucedió.
Tal hecho significaría archivar el caso, lo cual rechazó el padre del estudiante, Cronwell Castillo, a quien Reaño informó de la insólita decisión.
Ernesto Castillo fue detenido en 1990 por los policías Juan Mejía, Carlos Depaz, Juan Aragón y Manuel Arotuma, cuando realizaba un trabajo académico en un barrio popular limeño, en el contexto de la represión de esa época.
Los policías fueron identificados por testigos, juzgados y condenados a prisión pero al cumplir la mitad de sus sentencias salieron en libertad sin informar sobre lo sucedido ni sobre la ubicación de los restos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito el Estado peruano, dictaminó en 1997 que este es el responsable de la desaparición del estudiante y reconoció el derecho de los familiares de conocer cuál fue su destino y dónde se encuentran sus restos.
‘El delito se sigue cometiendo porque hasta hoy Ernesto sigue desaparecido’, dijo el padre de Castillo, mientras la CCI señaló que la desaparición forzada es un delito permanente, que sigue dañando mientras no se restituya a la persona a sus familiares y es responsabilidad del Estado buscarlos.
Familiares y amigos del joven desaparecido realizaron esta semana un plantón ante el Ministerio de Justicia, exigiendo que el caso no sea archivado y el Estado cumpla con celo y eficacia la obligación de buscar a Ernesto.
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