El ejecutivo comunicó la pasada semana la retirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para ‘no dar lugar a confrontaciones entre bolivianos y, menos, a desestabilización’, según comunicó oportunamente la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Sin embargo, movimientos gremiales, transportistas, cooperativistas y cívicos llamaron a un paro para mañana que busca derogar la Ley 1386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está vigente y es considerada por esos sectores como la norma madre del proyecto anulado.
Entrevistado por el canal televisivo Red Uno, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó este miércoles que la referida legislación no afecta a ninguno de los sectores que actualmente se movilizan, que son los gremiales, transportistas y mineros.
Precisó que están siendo utilizados por dirigentes que no representan los intereses de estos sectores, sino ‘los de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce’, apuntó.
Silva refirió que tal normativa posiblemente afecte a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.
La Ley 1386, comentó, fue tratada en abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ‘han pasado seis meses y nos preguntamos dónde estaban los senadores y los diputados de la oposición para denunciar que esta ley es atentatoria contra los gremiales, contra los transportistas o mineros’, cuestionó.
El viceministro exhortó a esos dirigentes políticos que amenazan con movilizaciones a que digan cuáles de los artículos de la mencionada normativa jurídica afectan a estos sectores, y lamentó que se promueva desinformación sobre el tema.
Este domingo el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Marcelo Montenegro, advirtió que las acciones desestabilizadoras de la derecha buscan desviar la atención de sus delitos al impedir la aprobación de ciertos instrumentos legales y reiteró la invitación al diálogo a los que alientan a las movilizaciones opositoras.
Montenegro estimó en 112 millones de dólares las pérdidas ocasionadas al país por un día de paro, puesto que el cese de las actividades económicas de ciertos sectores afecta más de una cadena productiva.
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