El magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la CSJ una investigación penal acerca de cómo un documento encriptado circulado a los miembros de ese órgano, se difundió en medios de prensa y redes sociales, lo cual ‘pudiera ser considerado una violación al ordenamiento jurídico penal’.
‘Dicho proyecto tenía una encriptación distinta para cada despacho (de los magistrados), a fin de detectar el origen de una posible filtración; pese a lo cual se produjo la difusión íntegra del contenido de la propuesta hecha por el despacho a mi cargo, como ponente de la causa admitida previamente’, reveló.
La misiva dirigida al presidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega, confirmó la autenticidad de rumores acerca de la existencia del texto y su contenido, donde supuestamente Cedalise propuso anular el expediente contra el exmandatario por presunta violación en el proceso en la propia corte, al no realizar un acto previo de imputación.
El fallo respondería a la solicitud de la defensa del acusado para que declaren inconstitucional la decisión del juicio oral de julio de 2018, emitida por el entonces magistrado Juez de Garantía Jerónimo Mejía, sobre lo cual en el pasado el pleno de la CSJ consideró correcta la actuación ante una demanda similar.
Si el máximo órgano de justicia aprueba el proyecto del magistrado basado en un tecnicismo ampliamente discutido por expertos, quedaría anulado el proceso por el cual en estos momentos responde Martinelli ante un tribunal, después de la anulación de otro fallo que lo declaró ‘no culpable’.
En esencia, la jurisprudencia en Panamá tomó partido en polos opuestos acerca de la interpretación de la Ley para el juzgamiento de diputados por la CSJ, quienes debieran o no tener una sesión aparte para la imputación, previa a la acusación del magistrado fiscal con todos los elementos de la causa.
Según un largo análisis del diario La Prensa, publicado en agosto pasado, fue bajo el mandato presidencial del propio Martinelli cuando introdujeron modificaciones al tratamiento especial para legisladores con el objetivo de incrementar los ‘privilegios procesales’.
El texto modificado es interpretado como la discrecionalidad de realizar o no una imputación antes de la acusación firme y es el elemento de discordia que pudiera dejar libre al expresidente de responder por el espionaje telefónico ilegal a un centenar de opositores y otras personalidades de la vida pública.
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