Recién llegado al país tras una estancia de casi un mes en Estados Unidos, el exmandatario lanzó un hilo de mensajes en twitter la víspera en el cual adelantaba que este miércoles no iría al llamado del juez Martín Bava, quien lo citó a rendir declaración sobre el presunto espionaje a las familias de los 44 oficiales del malogrado submarino ARA San Juan.
El juez de la localidad bonaerense de Dolores lo había llamado a indagatoria la semana pasada, con prohibición de salir del país, noticia que recibió estando fuera.
No obstante, continúo con su itinerario inamovible y puso en manos de sus abogados un escrito presentado la semana útima en el cual señalaba que la notificación le llegó cuando estaba en el exterior y le recriminó al letrado haber generado ‘estrépito’ con la convocatoria a indagatoria.
Macri tildó al juez Bava de incompetente al tiempo que aludió a una persecución judicial, tras añadir que lo citaron en campaña electoral y le prohibieron viajar.
El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme, consideró.
El exmandatario subrayó que no se presentará hasta que los planteamientos que hará su abogado sean resueltos para garantizarle el debido proceso y la defensa en juicio.
Como añadido, apuntó que para perseguirlo usan el dolor de los familiares de una tragedia como la del ARA San Juan.
‘Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia’, expresó.
En el llamado a rendir declaración, el fallo de la justicia sostiene que existió ‘un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces presidente de la Nación’.
Los casos por seguimientos cometidos desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo su administración, abarca a una gran cantidad de personalidades y salieron a la luz el pasado año a través de la actual interventora, Cristina Caamaño, tras varios documentos encontrados dentro del organismo que incluyen fichas de periodistas, varios de ellos extranjeros, y pinchaduras de correos electrónicos de al menos 87 políticos y dirigentes.
En este particular se investiga si se realizaron tareas para evitar contratiempos a Macri en sus contactos con parientes de los tripulantes del sumergible, desaparecido en 2017, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde los familiares estuvieron a la espera de noticias.
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