Durante una sesión de la Eurocámara el primer ministro Mateusz Morawiecki expresó sus críticas contra lo que calificó de ‘chantaje’ por parte del mecanismo regional que a su vez manifestó preocupación por la situación del Estado de Derecho en Polonia.
El viceministro de Relaciones Exteriores polaco, Waldemar Duda, afirmó que ‘la secuencia de acontecimientos debe ser clara’.
Primero, los fondos de reconstrucción, después, la discusión sobre el paquete climático’, expresó el vicecanciller en entrevista a la cadena Polstan.
El plan de la UE plantea reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 55 por ciento para el año 2030, pero Polonia también quiere que se tengan en cuenta sus ‘términos’.
Esta nación es la más dependiente del carbón dentro del bloque integracionista pues cerca del 70 por ciento de su energía procede de ese combustible, según la agencia Bloomberg.
Días atrás la escalada bilateral de tensiones generó cuestionamientos que apuntaron a una posible salida de este país del grupo comunitario.
Durante un encuentro económico en el Sejm (Cámara Baja del Parlamento), el responsable del gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) en esa instancia, Ryszard Terleck, esbozó esa posibilidad ante retrasos del mecanismo comunitario en el envío de fondos para combatir la Covid-19.
‘Si las cosas siguen así, debemos plantearnos soluciones drásticas’, afirmó Terleck y destacó que ‘los británicos demostraron que la dictadura de la burocracia de Bruselas no era para ellos y se fueron’.
No obstante tanto el legislador del PiS como el portavoz gubernamental, Piotr Muller, se mostraron más favorables a impugnar algunas cuestiones que afectan los vínculos con el mecanismo regional y desestimar por el momento ‘soluciones más drásticas’.
De su lado la Comisión Europea anunció que acudirá de nuevo al Tribunal de Justicia regional para pedir una multa contra Polonia por incumplir la suspensión cautelar del régimen disciplinario que impone a sus jueces.
Esa medida socava la independencia del sistema judicial, según la UE, que la impugnó desde su aprobación por el Ejecutivo del primer ministro Andrzej Duda en 2018.
En 2020 el ente regional introdujo un procedimiento de infracción contra este país bajo el argumento de que las regulaciones son incompatibles con los preceptos de la justicia europeos.
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