La última advertencia antes de la firma del texto fue de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura (Cciap), que amenazó con aglutinar ‘a otros actores de la sociedad civil organizada’ para demandar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la legislación por inconstitucional.
Incluso el procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó a la CSJ declarar inconstitucional dos artículos de la Ley relacionados con las licencias con sueldo a alcaldes y representantes de corregimientos, un beneficio no contemplado en la Constitución.
‘El escenario planteado representa un fuero o un privilegio para las personas que ocupaban cargo público (antes de su elección), puesto que se beneficiarán con una licencia con sueldo, en detrimento de aquellas provenientes de las empresas privadas a quienes les corresponde una licencia sin sueldo’, aseguró.
La Contraloría de la República reveló en el 2020 que un total de 30 alcaldes y 172 representantes de corregimientos tienen licencias con sueldo, lo cual representa doble salario vetado por la Carta Magna para los servidores públicos.
En tanto, la Cciap centró su desacuerdo con la asignación de curules en los circuitos plurinominales, paridad de género en las postulaciones y balance adecuado en el financiamiento público de las campañas políticas, aspectos que también el gremio llevó a la calle en manifestaciones frente al Palacio Legislativo.
Si bien el debate a favor y en contra de las reformas para el próximo torneo electoral en 2024 están centrados entre el Parlamento y los centros tradicionales de poder económico, el ciudadano promedio es un espectador en este asunto que considera un acomodo de las élites para escalar posiciones en las venideras elecciones.
Por ello, sindicatos, obreros, campesinos, académicos, estudiantes universitarios, indígenas y personalidades de los sectores populares también salieron a protestar, pero con una agenda más nutrida de reclamos como la solución al fondo social de jubilación, vejez y muerte, el costo de la vida y el salario mínimo.
La lista de demandas continúa con la inversión necesaria para la educación, vivienda digna, agua potable, contra los despidos y mutuos acuerdos que violentan los derechos laborales, la minería a cielo abierto, las mafias portuarias, el monopolio energético y el alto endeudamiento público, entre otros.
Desde esas masas populares las inconformidades vienen de la mano de la propuesta de solución que es la refundación del país mediante una asamblea constituyente originaria, que ‘barra’ con el status quo instaurado en el país tras la invasión estadounidense de 1989 y el sistema neoliberal imperante. El veterano líder sindical Genaro López, en un reciente artículo publicado en el diario La Estrella de Panamá, que tituló ¿Por qué estamos en la calle?, aseguró que no puede haber democracia sin la participación real de la juventud y los trabajadores.
‘No puede haber elecciones libres con clientelismo y narcopolítica. Sin igualdad de condiciones, sin espacios por igual en medios de comunicación, sin oportunidades reales para la mujer, especialmente trabajadora, campesina, indígena, desempleada, que no tiene ‘nanas’ para dedicarse exclusivamente a la política’, señaló.
‘¿De qué democracia podemos hablar si los magistrados, los árbitros de la contienda, igual que los diputados, están más preocupados por su reelección que por enfrentar los poderes corruptos que los eligieron y mantienen allí?’, preguntó.
El segundo país más desigual de América apunta síntomas de cansancio, y aunque desde ópticas diferentes, las insatisfacciones las expresan en todos los estratos de la sociedad, desde quienes tienen el nivel más alto de ingresos económicos hasta los grupos más pobres.
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