Se trata de uno de varios anteproyectos legislativos del ámbito judicial que estudian y debaten los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en jornada previa a la cita parlamentaria fijada para el 27 de octubre.
La norma reemplaza a la Ley de Proceso Civil, Administrativo, Laboral y Económico y el cambio responde a los requerimientos de la Constitución aprobada en referendo popular en febrero de 2019.
La carta magna concede especial connotación al acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, con plena expresión en las garantías de los derechos de las personas, suscribe la propuesta que los legisladores deberán otorgar su visto bueno en los próximos días.
El presidente del TSP informó que para la redacción de la norma se tuvieron en cuenta 338 sugerencias, de las cuales fueron aceptadas 114.
Con su aprobación se debe regular el proceso administrativo como ley independiente en atención a los derechos que se protegen y a las propias peculiaridades que le distinguen, dice el texto.
La jurisdicción de esta legislación comprende las demandas contra los actos administrativos, las disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y las omisiones de entes y figuras del Estado y el Gobierno en diversas instancias.
Entre estas el Consejo de Ministros, los organismos de la Administración Central del Estado (ministerios, por ejemplo), los gobernadores y las estructuras de gobiernos provinciales y municipales, entidades y empresas, Contraloría General y la Fiscalía General de la República.
Mantiene la regla de que las personas deben reclamar primero ante la Administración para después acudir a la vía judicial.
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