Según Piñera, la prórroga de la vigencia del decreto por 15 días más en cuatro provincias de La Araucanía y el Biobío permitirá contar con todos los medios para enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Interrogada recientemente sobre la presencia de los militares en la macrozona sur, la académica mapuche y presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, afirmó que su pueblo ha vivido en estado de emergencia por siglos.
‘Van siglos de que este territorio clama justicia y son derechos. Nos merecemos vivir en paz’, dijo.
Para el candidato de izquierda a la presidencia Gabriel Boric ‘la militarización de la Araucanía es un mal camino’.
Boric considera como un fracaso de las políticas del Estado la decisión de decretar el estado de excepción en la zona sureña, donde indígenas demandan la recuperación de sus tierras ancestrales.
El aspirante al Palacio de La Moneda llamó a separar las reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche de las acciones criminales.
La polémica medida estará vigente hasta el 11 de noviembre en esa región, donde fueron desplegados más de dos mil efectivos de las Fuerzas Armadas.
Al justificar su decisión, el mandatario declaró que en los últimos 14 días fueron arrestadas más de 30 personas sobre las que pesaba una orden de detención y se redujeron ‘a la mitad los atentados incendiarios y a la quinta parte las usurpaciones de propiedades’.
Para Eduardo Vergara, de la Fundación Chile 21, la evidencia internacional muestra que cuando los militares entran a reemplazar las labores que le corresponden a la policía, se generan espacios de mayor violencia y se profundizan las espirales de conflicto.
Otros analistas consideran que la medida tiene fines electoralistas, cuando se acercan los comicios del 21 de noviembre y el presidente enfrenta una acusación constitucional y un proceso en la Fiscalía por el escándalo de los Papeles de Pandora.
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