Según analistas, la movida política del mandatario llega en medio de fuertes críticas contra su gestión por no tomar acciones contundentes para frenar la xenofobia y la expulsión de migrantes en la frontera sur con México.
La decisión también ocurrió mientras que los esfuerzos para ofrecerles una vía de legalización siguen estancados en el Congreso.
Las nuevas directrices, que entraron en vigor de inmediato, enumeran las ‘zonas protegidas’ en las que los agentes de inmigración deben abstenerse de realizar detenciones, registros, entregar citaciones o llevar a cabo otras medidas coercitivas.
Los lugares incluyen hospitales, clínicas y otras instalaciones médicas, además de los centros de pruebas y vacunación de Covid-19; lugares de culto; y sitios donde se reúnen los niños, como patios de recreo, guarderías y centros de acogida.
La nueva lista es más larga que la que se puso en marcha durante el gobierno de Barack Obama en 2011, que prohibía esas acciones en las escuelas e iglesias.
El expresidente Donald Trump (2017-enero 2021) ignoró esa política y permitió el aumento de las detenciones indiscriminadas.
Los indocumentados no deberían ser restringidos o limitados en su acceso a los servicios esenciales, dijo el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Alejandro N. Mayorkas en una entrevista ofrecida este miércoles, poco antes del anuncio oficial.
Los niños no deberían tener miedo de ir a la escuela, y sus padres no deben sentirse amenazados o en peligro por ir a dejarlos o recogerlos, añadió.
Otros lugares protegidos son los refugios para víctimas de la violencia doméstica y personas sin hogar, los centros de tratamiento de la drogadicción y el alcoholismo, los comedores de beneficencia y los lugares que ofrecen ayuda a quienes huyen de las catástrofes naturales.
‘También se evitará la actuación de las fuerzas de inmigración en los funerales, desfiles y manifestaciones o en sus proximidades’, afirmó Mayorkas.
Los demócratas luchan por añadir disposiciones sobre inmigración a un extenso proyecto de ley sobre la red de seguridad social y el clima.
Las posibilidades incluyen ofrecer un estatus de protección sin ciudadanía a algunas personas indocumentadas y permitir que los inmigrantes que llevan más de una década en el país soliciten la residencia legal permanente.
El pasado 23 de octubre Estados Unidos publicó la cifra de detenciones de inmigrantes más alta jamás registrada en la frontera con México: más de 1,7 millones de personas en el último año fiscal.
De ellos, más de un millón fueron expulsados a México o a sus países de origen, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza.
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