El proceso contra Ortíz terminó con 126 votos afirmativos para la resolución que tuvo en cuenta los cobros excesivos de las planillas eléctricas durante la pandemia de Covid-19 y la autorización, a través del organismo de regulación pertinente, al incremento gradual de los precios de los combustibles, con un sistema de bandas.
Durante el debate intervinieron ocho legisladores, quienes subrayaron la necesidad de sancionar la falta de sensibilidad del gobierno anterior, en el cual fungió el extitular, al permitir las tarifas eléctricas estimadas, en contra de la ciudadanía.
El asambleísta Mario Ruiz aseguró que en el juicio se evidenció el abuso en el cobro de las planillas del consumo eléctrico en contra del pueblo ecuatoriano.
Los asambleístas decidieron notificar de la medida al Ministerio de Trabajo, a fin de hacer efectiva la prohibición de a Ortiz de ejercer cargos públicos por los siguientes dos años.
Asimismo, coincidieron en acoger las recomendaciones de la Comisión de Fiscalización sobre solicitar a la Contraloría General una auditoría a los contratos de servicios de notificación de corte de energía y de lectura y facturación de consumo en la unidad de negocios Guayaquil.
Igualmente, determinaron solicitar a la Corporación Nacional de Electricidad realizar la liquidación de valores efectivamente consumidos y remitir los decretos ejecutivos a la Corte Constitucional.
El pleno también acogió la recomendación de solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso, la derogatoria de los decretos 1054, 1183 y 1158, que establecieron las bandas de precios a los combustibles.
En esa misma línea, instaron a la empresa estatal Petroecuador a establecer un plan de mejora de las refinerías, en cuanto a la provisión de derivados del petróleo, con prioridad en la importación de naftas de alto nivel de octanaje y bajo nivel de azufre, para mezclar con las producidas en las refinerías del Ecuador.
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