La medida fue impuesta por el presidente Alejandro Giammattei el pasado domingo, luego de 14 días de resistencia de poblaciones indígenas opuestas al proyecto Fénix en la zona, que terminó en desalojo violento por parte de la policía y de fuerzas antimotines con el uso de gases lacrimógenos.
Los manifestantes bloquearon un tramo de la carretera de acceso al municipio para impedir el paso de camiones de la empresa hacia la planta procesadora y exigir su participación en el proceso de preconsulta en marcha sobre los derechos de licencia otorgados a la minera sin contar con todas las partes afectadas.
Un día después, el 25 de octubre, el Congreso (parlamento) ratificó con 85 votos y en única sesión la polémica medida, la cual lejos de resolver el histórico conflicto minero en la zona, priva de derechos constitucionales a su población, según los argumentos expuestos por bancadas de oposición a la alianza oficialista en el poder.
La diputada Vicenta Jerónimo, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, llamó a «no ser cómplices de empresas saqueadoras que persiguen, criminalizan, asesinan y encarcelan a defensores de derechos humanos y defensores de la madre tierra desde nuestros territorios».
Otras bancadas opositoras como Semilla y Winaq, recordaron que el Estado de Sitio elimina derechos y libertades, además de respaldar a un modelo de minería que no deja beneficios al pueblo y es fuente de corrupción.
Empleo escaso, mal pagado, pocas regalías y escaso crecimiento económico dejan cada año al país el modelo extractivista en El Estor, implantado en contra de las comunidades indígenas que exigen su derecho a estar en la consulta y a detener todas las operaciones mineras en su territorio, ratificó Samuel Pérez, de Semilla.
Para imponer orden y un toque de queda de 12 horas por 31 días, de acuerdo con el Decreto 9-2021, unos 500 soldados y 350 policías llegaron a El Estor en camiones, patrullas e incluso vehículos blindados.
Radios comunitarias, la Defensoría de Derechos Humanos q’eqchi’ y casas de corresponsales del medio alternativo Prensa Comunitaria estuvieron en el blanco de los primeros allanamientos, una situación denunciada por el procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas y diferentes organizaciones civiles en el transcurso de esta semana.
En rechazo también al estado de sitio, líderes y alcaldes indígenas de Izabal, Alta Verapaz y de los 48 Cantones de Totonicapán, marcharon desde la Plaza de la Constitución hasta el Ministerio Público, donde interpusieron acciones legales contra Giammattei y el ministro de Gobernación Gendri Reyes.
El Estado buscará acallar la protesta, pero en noviembre o diciembre próximos podría estallar de nuevo el polvorín de El Estor, cuando el cuestionado proceso de consulta sobre las operaciones de la mina Fénix entre en marcha definitivamente.
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