La víspera, Macri solicitó al juez Martín Bava el permiso para viajar a Arabia Saudita el 15 de noviembre venidero después de las elecciones y las querellas de los familiares de los 44 oficiales pidieron que le sea negado.
El caso, abierto en la localidad bonaerense de Dolores, apunta a supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino, desaparecido en 2017 y es uno de los varios por el escándalo de seguimiento desde la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión del exmandatario.
En declaraciones difundidas por el diario Página 12, Luis Tagliapietra, padre del corbeta Alejandro Damian y abogado querellante en la causa, sostuvo que pedirá formalmente la prohibición de salida del país a Macri y se le dicte la prisión preventiva al señalar que ostenta un poder político actual que pone en riesgo la investigación.
“Pide ir a Arabia Saudita, un país donde no hay tratados de extradición”, alertó el Tagliapietra. De manera similar también se proyectó la otra abogada querellante, Valeria Carreras, al señalar que interpuso un pedido para que el juez aplique una sanción por temeridad al exgobernante.
Carreras apuntó a Radio Cut, que Macri está presionando a su arco político. Nos opusimos fundamentándolo en dos cosas: el peligro de fuga y una de las cosas que ofreció como prueba en la recusación es ofrecer de testigos a más de 10 expresidentes de distintos países, algo que marca el poder que tiene, los contactos y vínculos.
No sería nada alocado que usando esas relaciones pidiera asílico político, acotó la abogada.
Tras ausentarse a los primeros dos llamados del juez Martín Bava e intentarlo desplazar del caso por considerarlo incompetente, el exmandatario acudió la semana pasada al juzgado pero no pudo declarar por no haber sido relevado de su deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia, aunque ya fue eximido para ello y citado nuevamente mañana.
En el fallo, la justicia sostiene que existió «un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces presidente de la Nación» y «que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía a Macri».
Los casos por seguimientos cometidos desde los servicios de inteligencia bajo la administración de Macri, abarca a una gran cantidad de personalidades y salieron a la luz el pasado año a través de la actual interventora, Cristina Caamaño, tras varios documentos encontrados dentro del organismo.
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