Los dos jóvenes perecieron por impactos de bala en la sureña región del Bío Bío, durante una operación efectuada la víspera por marinos y policías contra manifestantes de las comunidades en resistencia, que se oponen al estado de excepción y a la militarización en la zona.
“La militarización no es el camino”, denunció la académica mapuche y presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien condenó la política racista y violenta del Estado y del Gobierno contra su comunidad.
Afirmó Loncon que la Asamblea Constituyente trabaja en función de instalar la plurinacionalidad en la próxima carta magna, en la cual se respeten los derechos de las naciones originarias a la autonomía, la autodeterminación y la legítima defensa del territorio.
Por su parte, Francisca Linconao, quien representa a los mapuche en la Convención Constitucional, pidió la inmediata salida de las Fuerzas Armadas de la llamada macrozona sur.
“Que el presidente (Sebastián) Piñera retire a los carabineros, a los militares y milicos, pero si no lo hace que renuncie”, dijo Linconao.
El pasado 12 de octubre, Piñera decretó el estado de excepción en cuatro provincias de las regiones de Biobío y La Araucanía y ordenó el despliegue allí de más de dos mil militares, además de vehículos blindados, helicópteros, aviones y barcos.
Piñera pidió al Congreso Nacional la prórroga de la medida con el alegado propósito de combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, el portavoz del pueblo mapuche, Miguel Maliqueo, afirmó que el objetivo del Gobierno es coartar la lucha por la recuperación de las tierras ancestrales.
Con un millón 700 mil habitantes, la comunidad mapuche es la mayor etnia autóctona de Chile y desde hace años mantiene un reclamo por la autonomía y la recuperación de sus territorios, despojados por hacendados y empresarios forestales.
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