En declaraciones al diario nacional Granma, la directora de Legislación de ese organismo, Ana Ercilia Audivert, recordó que la Carta Magna establece en sus artículos 1 y 4 que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, así como el carácter irrevocable del sistema.
La especialista reiteró que todo lo planeado en contra de estos acápites se considera una actitud ilegal.
El ejercicio del derecho de manifestación, plasmado en la Ley de Leyes, no respalda la marcha programada para el 15 de noviembre porque no se realiza en armonía con los presupuestos y principios constitucionales, enfatizó la experta.
Audivert Coello argumentó que la defensa a la Patria socialista debe primar sobre conductas provocadoras como la mencionada anteriormente.
De acuerdo con la especialista, esta acción tiene un carácter ilícito y sus fines pacíficos son cuestionables, a partir del antecedente que marcó el 11 de julio, así como por los intereses y actores que están detrás de la marcha.
Agregó que Cuba no es la única nación que establece límites a los derechos por interés de la seguridad nacional, el respeto al bienestar general, al orden y a la moral.
En lo referente a esta manifestación, el Gobierno de la nación caribeña subrayó su carácter subversivo y su alineación con los intereses de Estados Unidos.
Desde sectores de la ultraderecha cubanoamericana asentada en Florida hasta representantes gubernamentales de Estados Unidos explicitaron su apoyo a esta manifestación y reiteraron su deseo de que esta provoque un cambio de régimen en la isla.
En este sentido, especialistas de diferentes ramas sociales han alertado sobre la Guerra No Convencional o guión de golpe de Estado blando que se intenta aplicar en Cuba siguiendo los parámetros de una supuesta lucha no violenta.
jcm/idm
