Con la memoria aún fresca de lo ocurrido hace ahora dos años, tras la asonada cívica militar que llevó al poder a Jeanine Áñez, sectores gremiales de trabajadores y hasta de la propia oposición, desaprueban la medida de fuerza por considerarla ilícita y con sobrados tintes políticos.
Y es que los convocantes utilizaron el pretexto de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, para promover el paro, que a todas luces, es promovido por los mismos sectores de noviembre de 2019, según analistas locales.
Esta normativa, aún sin recibir el visto bueno de la Asamblea Plurinacional y pospuesta por las autoridades para mayor estudio y discusión popular, es el subterfugio de la derecha para evitar sean llevados a la justicia los autores intelectuales y materiales del golpe.
Entre sus promotores sobresalen figuras empresariales privadas, partidos políticos como Comunidad Ciudadana y Creemos, dirigidos por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, junto al Comité Nacional de Defensa de la Democracia, entre otros.
Para el exministro de Defensa Reymi Ferreira, los incitadores actuales de la medida de fuerza “son los mismos, pero con menor fuerza”, al estar divididos y no contar con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Amadas.
Los mandos de estas instituciones, dijo, fueron removidos y reajustados desde el Gobierno para evitar la sedición como hace dos años.
Al comentar sobre la efectividad del paro nacional, Ferreira aseguró que “está condenado al fracaso”, va “a caer solito”, porque sectores de la misma derecha lo consideraron una aventura.
En la medida que avanzan las horas para el Día D, crece la repulsa en todo el país de la clase trabajadora, transportistas, comerciantes, mineros, organizaciones sociales, académicos, personal de la salud, entre otros.
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del departamento de La Paz denunció ayer que ve intenciones de desestabilizar al Gobierno Nacional y alertó de daños económicos irreversibles, por lo que recomendaron no acatar la medida.
El Comité Cívico Paceño rechazó el paro y alertó que perjudicará enormemente las inversiones, de las empresas del sector privado y del comerciante formal e informal.
“Clara y contundente” fue la respuesta de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Gonzalo Quispe, cuyo secretario ejecutivo fijó posición al asegurar que no permitirán “cualquier intento” de desestabilizar al Gobierno democráticamente electo y dañar el proceso de reactivación económica en marcha.
El dirigente minero consideró que paralizar el país “es totalmente irresponsable”, por lo que condenó y repudió “esas actitudes” contrarias al desarrollo y crecimiento de la nación.
También la Confederación de Transporte Libre aseguró que no acatarán “ningún paro” y trabajarán con total normalidad.
El ejecutivo de ese gremio William Condori subrayó que “no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a continuar sirviendo a la población”, y recordó las medidas de restricciones de horarios adoptadas por la golpista Jeanine Áñez el pasado año que afectaron al sector.
“Rechazamos rotundamente estas amenazas de querer paralizar nuevamente Bolivia”, enfatizó.
Esta semana, representantes del gobierno del Movimiento Al Socialismo, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad manifestaron en conferencia de prensa desde la Casa del Pueblo (sede del Ejecutivo) que no permitirán un nuevo golpe de Estado.
Mientras, un comunicado oficial del Comando General del Ejército desmintió rumores sobre el desplazamiento desde el jueves de tropas y equipos militares, al asegurar que esta logística es para celebrar la próxima semana, en forma simultánea, el aniversario de la “Batalla de Aroma” y Día del Ejército de Bolivia.
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