“Normalmente, en territorio extranjero, no hago comentarios sobre la situación portuguesa, pero se trata de una situación de proyección internacional, del prestigio de las Fuerzas Armadas”, afirmó de Sousa en declaraciones a los reporteros en Praia, la capital de Cabo Verde, donde se encuentra en una estancia oficial.
Interrogado sobre el arresto de una decena de uniformados, en medio de 100 órdenes de aprehensión dictadas por la justicia, el jefe de Estado aseguró que el prestigio de las fuerzas armadas está incólume después de profundizarse en las investigaciones durante todo 2020 y lo que va de 2021.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas anunció la víspera que a finales de 2019 recibieron una denuncia sobre el involucramiento en tareas de tráfico ilegal de militares en una misión internacional en la República Centroafricana.
Sobre los sospechosos, agentes retirados y en activo de la Guardia Nacional Republicana y de la Policía de Seguridad Pública, recaen además acusaciones por blanqueo de dinero.
El jefe de Estado explicó que las pesquisas se llevaron lo más lejos posible para llegar al fondo del asunto, y saber que se hicieron en solitario y no afectaron el prestigio del cuerpo armado.
El escándalo se publica luego que el dignatario convocó a elecciones legislativas anticipadas para el 30 de enero del año próximo, luego que el gobernante Partido Socialista se quedó solo en la votación del rechazado plan de presupuesto del Estado para 2022.
Sin embargo, de Sousa no quiso hacer comentarios sobre ese y otros temas de la situación política en Portugal.
La Policía Judicial confirmó los arrestos a través de la operación Miríade (número grande e indeterminado) como parte de acciones dirigidas por el Departamento de Investigación y Acción Penal, en Lisboa, en el que participaron más de 300 agentes.
En el comunicado, la fuerza pública aseguró que prosiguen las pesquisas.
Más temprano, el ministro de Negocios Extranjeros Augusto Santos Silva dijo que la imagen de Portugal no quedará afectada por esas revelaciones.
Hasta ahora, se cree que los involucrados trasladaban los bienes en los propios aviones de la misión en el país africano hacia suelo luso. Se realizaron registros en 95 domicilios y otros cinco lugares no especificados.
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