Aprobado a mediados de 2020, con tal recurso un parlamentario ejerce cada año como ponente en las entregas presupuestarias para recomendar a los ministerios federales dónde y cómo destinarlas.
Los ministros también votaron a favor de la adopción de medidas de transparencia en relación con la ejecución de estos caudales.
Weber señaló en su voto que, «mientras que la aplicación de las enmiendas individuales y de bancada permite verificar la autoría del gasto y la equidad en la distribución de los recursos, el reglamento correspondiente a las enmiendas de la ponente (RP-9) se aleja de estos ideales republicanos».
Por tal motivo, precisó, imposibilita «la identificación de los parlamentarios solicitantes y de los destinatarios finales de los gastos previstos en el mismo».
Desde su aprobación, el mecanismo valió al presidente Jair Bolsonaro para conservar la gobernabilidad dentro del Congreso.
Al seguir el voto de Weber, la magistrada Carmen Lúcia Antunes afirmó que los valores se utilizan para las negociaciones entre el Gobierno y los congresistas.
«La utilización de las enmiendas presupuestarias como forma de cooptación del apoyo político por parte del Poder Ejecutivo, además de violar el principio de igualdad, en la medida en que privilegia a ciertos miembros del Congreso en detrimento de otros, pone en riesgo el propio sistema democrático», escribió.
Contrario se pronunció el ministro Gilmar Mendes, quien argumentó que los recursos bloqueados (por la medida cautelar) «se destinan a la construcción de hospitales, a la ampliación de comisarías o a cualquier otra finalidad de gasto primario que pueda destinarse a todas las unidades federativas nacionales».
Para Mendes, la suspensión total e inmediata de la ejecución de los recursos presupuestarios sería más perjudicial que su inconstitucionalidad.
msm/ocs
