La propuesta fue presentada por la encargada de la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, durante una reunión del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
El equipo estaría liderado por la Defensoría del Pueblo, a cargo de la tutela, protección y promoción de los derechos humanos de la ciudadanía.
Los integrantes de la Comisión incluyen a directivos de las gobernaciones provinciales donde haya ubicadas cárceles, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, Iglesia ecuatoriana, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
También serán parte del grupo al menos tres instituciones de educación superior e igual número de entes de la sociedad civil y de medios de comunicación, respectivamente.
La Secretaría de Derechos Humanos además se pronunció sobre presuntos casos de tortura registrados en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil.
Al respecto, instó a la Defensoría del Pueblo a activar mecanismos de prevención de ese y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La implementación de mecanismos de protección en este caso emergente permitirá incrementar el ejercicio y respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, acotó la Secretaría.
Las definiciones y propuestas recientemente adoptadas se inscriben en los esfuerzos del ejecutivo por frenar los incidentes violentos y situaciones reportadas con frecuencia en prisiones de la nación, en especial en la Penitenciaría del Litoral, escenario, en septiembre pasado, de la mayor masacre en el sistema carcelario, con 119 muertes y 79 heridos.
Desde entonces, pese al estado de excepción vigente, los intentos de devolver la seguridad a ese reclusorio y los controles en la instalación, se han registrado numerosos incidentes como tiroteos, enfrentamientos entre bandas rivales y explosiones.
Las requisas realizadas por la policía constatan que al interior de esos centros llegan armas blancas y de fuego, drogas, teléfonos celulares y dinero, entre otros objetos prohibidos.
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