Esta iniciativa, elaborada de conjunto con académicas y actores sociales, marca la ruta a seguir por instituciones y ministerios del país caribeño para enfrentar ese tipo de violencia, aseguró la miembro del Secretariado de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) Osmayda Hernández.
Con el apoyo de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), la FMC presentó este jueves el proyecto como parte de la jornada de activismo nacional por la no violencia que se extiende por el mes de noviembre.
La herramienta se suma a otros instrumentos de la nación para la protección a las cubanas, entre los que sobresalen el Plan Nacional para el Adelanto de las Mujeres, significó Hernández.
Con ese objetivo, la Estrategia facilita la efectividad en la prevención y eliminación del flagelo, en concordancia con el interés del Estado cubano, aseguró.
Por su parte, la titular de la ACNU, Norma Goicochea, remarcó la necesidad de enfrentar la violencia a las mujeres y garantizar el acceso a los derechos humanos.
La protección de esas garantías es un componente esencial del instrumento presentado, dijo al tiempo que recordó el incremento de casos de maltrato doméstico en el mundo durante la pandemia de la Covid-19.
La Estrategia se sustenta en el trabajo coordinado entre el personal de servicio, organizaciones comunitarias, grupos de mujeres, gobiernos locales y otros actores relevantes en los diferentes contextos.
Entre sus principales ejes, sobresalen el enfoque de los derechos humanos, de género, intersectorial, de niños y niñas, así como de víctimas como protagonistas de los procesos.
Sus componentes principales coinciden con las áreas de interés del Plan Nacional para el Adelanto de las Mujeres, centrado en la prevención, educación y formación continua, atención, protección, el plano legislativo, la comunicación social, y otros.
La Encuesta Nacional de Igualdad de Género de Cuba, elaborada en 2016, arrojó que el 36,9 por ciento de las participantes fueron víctimas de violencia por un compañero íntimo en algún momento de su vida y 23 mil menores se encontraban en riesgo de irregularidades en el país.
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