Torres afirmó que la ley pertinente establece que el mandatario, a la vez jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene la potestad de relevar a los titulares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, sin estar obligados a consignar el motivo. “Quienes afirman lo contrario crean confusión para justificar su pretendida vacancia (destitución) del presidente, una vez más, afectando la gobernabilidad”, dijo el veterano jurista sobre el caso de los reemplazados jefes del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro.
Ambos reconocieron lo definitivo de su retiro pero el pasado martes alegaron ante la comisión de Defensa del Parlamento que no se les notificó con antelación ni se les explicó los motivos, siendo apoyados por exmilitares congresistas de derecha extrema que exigen que Castillo explique los motivos de la medida.
Afirmaron que Ayala y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, pidieron en nombre del presidente el ascenso a general de dos coroneles del Ejército y uno de la Fuerza Aérea, lo cual no aceptaron argumentando que no tenían méritos para ello.
A partir de allí, legisladores y medios de prensa de oposición acusaron al Gobierno de intromisión en los ascensos militares y maltrato a las Fuerzas Armadas, pese a que las promociones anuales planteadas por los mandos fueron aceptadas sin alteraciones.
El ministro Ayala compareció ante la comisión congresal de Defensa y coincidió con Torres, refiriendo que jamás un presidente expuso los motivos de cambios militares y no fue la primera vez que son reemplazados a solo tres meses de su nombramiento, como en este caso.
Ayala pidió no politizar el caso y lamentó que se utilice para promover una vez más la destitución del mandatario, de la que habla la oposición de extrema derecha desde antes de que Castillo asumiera el cargo, en julio pasado.
Añadió que sí hay motivos ajenos al proceso de ascensos militares para el retiro y dijo que en este hubo irregularidades, como el pedido de retiro de 18 generales del Ejército y quejas por favoritismo al entorno del jefe reemplazado.
A raíz del caso, la Fiscalía de la Nación inició una investigación por posible tráfico de influencias a Ayala y Pacheco, basada en las afirmaciones de los exgenerales Vizcarra y Chaparro y el Parlamento acordó interpelar al ministro.
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